miércoles, 9 de septiembre de 2009

Nihil novum sub sole

El 20 de noviembre de 1912, en el marco de la discusión del presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública, el diputado conservador y catedrático de la Universidad Central Eloy Bullón denunciaba en el Congreso que los vicios del sistema educativo español tenían su origen en «estar entregado, aún lo técnico, al libérrimo arbitrio del político de tanda encargado del Ministerio de Instrucción Pública.» El resultado era que ningún ramo educativo podía estar seguro «de que una buena mañana no se le antoje al Ministro reformarlo todo de arriba abajo. Y suelen hacerlo con mucha frecuencia».

La conclusión de mi abuelo, que poco más tarde protagonizaría una importante reforma de las escuelas de magisterio, era muy clara: «Es indispensable que esto acabe de una vez, y para ello es preciso traer al Parlamento una ley orgánica de Instrucción pública que no sea obra de partido, sino en la que con el concurso de todos los partidos, y escuchando la voz de todos los intereses legítimos, se fije de una vez para muchos años la organización de nuestra enseñanza oficial, determinando hasta donde llegarán y hasta donde no las facultades de los Ministros en estas cuestiones, y señalando los trámites y procedimientos que habrán de seguirse cuando haya de procederse a reformas en aquellas cosas que no deba ser materia reservada al Parlamento mismo.»

Cuando nos sumergimos en el Diario de Sesiones, o en la abundante publicística que sobre temas educativos apareció a principios del pasado siglo, lo que más nos sorprende es que gran parte de los temas sobre los que entonces se debatía son los mismos que se siguen discutiendo en la actualidad.

Tema de debate era entonces el del clasicismo y el utilitarismo en la enseñanza, defendido este último por quienes «no se contentan con menos que con tachar de frívolos e inútiles o relegar a orden muy secundario todos los estudios que no sean de carácter positivo y aplicación inmediata a los usos de la vida», y sustentado el primero por quienes pensaban que «el hombre es antes que nada un ser inteligente y moral, nacido para conocer la verdad, para amar el bien, para deleitarse en la contemplación de la belleza», y que querer limitar todo al campo de lo material era «inferir una ofensa a la dignidad del hombre», y «un desconocimiento absoluto de su naturaleza».

Las tesis que en 1885 lanzara Frary en La cuestión del Latín, planteando que esta y otras materias a lo menos malo que podían conducir es a perder el tiempo y que la educación debía formar ante todo industriales, comerciantes, ingenieros, o sea, a quienes pudiesen aumentar la riqueza material de la nación, han llegado con fuerza hasta nuestros días, aunque también sigue habiendo quienes planteamos que la formación académica además de instrumental debe proporcionar una cultura general que tan sólo se obtiene por medio de las humanidades.

También se debatía entonces el marco en que podía desarrollarse la enseñanza privada, pues pese a que la Constitución de 1876 reconocía el derecho a la libertad de enseñanza, las leyes, reales decretos y disposiciones de todo género que desarrollaban los contenidos que habían de impartirse en los diversos niveles educativos hacían que los centros privados se viesen obligados a convertirse en simples calcos de los oficiales, copiando y reproduciendo sus deficiencias, a la par que los centros oficiales carecían del acicate dado por la libre concurrencia.

Pacto educativo, libertad de enseñanza y utilitarismo siguen siendo hoy temas que de manera más o menos recurrente centran las reflexiones sobre el mundo de la educación.
El pacto educativo, que implica una reflexión sobre los otros dos elementos mencionados, no es ciertamente fácil. A primera vista cabría pensar que las dificultades podrían deberse a cuestiones de hondo calado filosófico: la izquierda prioriza la igualdad, la derecha la libertad; la izquierda española es agresivamente laicista, la derecha defiende los valores religiosos. Pero me temo que otras cuestiones cortarían mucho antes el proceso.

La transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas, que no se hizo en la Segunda República sino de manera muy parcial, conservando el Estado su propia red de centros, es sin duda uno de los elementos más perturbadores.
Hace años una amiga que trabajaba en el mundo editorial me decía que en los libros que elaboraban para el País Vasco tenían que incluir el mapa de Navarra, pues en caso contrario no eran aprobados por el Gobierno autonómico. Y la posibilidad de manipular la Historia, algo que siempre ha gustado mucho en algunos ámbitos políticos, es demasiado tentadora para renunciar fácilmente a ella. Creo prácticamente imposible que las Comunidades Autónomas estén dispuestas a ceder parte de sus competencias educativas.

Aun sin este muy distorsionador reparto de competencias seguiría siendo muy complicado llegar a un pacto educativo entre los diversos partidos, pues lo primero que tendrían que hacer es ponerse de acuerdo consigo mismos. Nombrado rector en mayo de 2004 he tenido ocasión de ser testigo de primera mano de la política socialista en el ámbito universitario, y a decir verdad pocas veces se habrán visto tantos bandazos sin que se haya producido un cambio del partido en el Gobierno.
En la época de María Jesús San Segundo las subcomisiones del Consejo de Universidades trabajamos duramente para crear un catálogo de títulos universitarios y se planteó una estructura académica en la que el grado duraría tres años. Ignoro por qué motivos, ya en los últimos meses de su mandato era evidente que todo estaba paralizado. Con Mercedes Cabrera se huyó del catálogo y se planteó que habría un registro, pudiendo las Universidades impartir libremente las titulaciones que consideraran oportuno. Los grados durarían cuatro años. La incardinación de las Universidades en el nuevo ministerio de Ciencia e Innovación en abril de 2008 y su separación del Ministerio de Educación pareció ralentizar el proceso y la ANECA, que debía informar sobre los nuevos grados, adquirió un protagonismo funesto por autoconsiderarse llamada a elaborar de manera subrepticia un catálogo de títulos y autodarse un plazo extra para emitir sus informes, junto a muchas otras deficiencias que mejor no recordar. En abril de 2009 Ángel Gabilondo fue nombrado ministro de Educación y las Universidades volvieron a un departamento del que posiblemente no hubieran debido nunca salir.
Mucho me temo que el pacto educativo que se hubiera podido cerrar con San Segundo sería distinto del que hubiera gustado a Cabrera, no hubiera interesado a Garmendia y habría cosechado la oposición de Gabilondo. Porque al fin y al cabo, y como hace ya cien años denunciaba mi abuelo, el arbitrio ministerial «es la única ley en materia de Instrucción pública en España». Lo que sin duda es un argumento más a favor del pacto.


Alfonso Bullón de Mendoza. Nihil novum sub sole

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